El SDDR, una gran estrategia empresarial

En estas dos últimas semanas se han producido dos hitos mediáticos en el campo de la gestión de envases usados, que merecen algún comentario. Como muchos de los que nos seguís ya conocéis, desde la Plataforma Envase y Sociedad (PES) hemos estado muy al tanto de todo lo relativo a la posible implantación en España de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) El motivo es transparente, ya que entre los catorce valores que han firmado los 44 asociados a esta organización,  el duodécimo dice que  “la legislación establece una jerarquía entre las diferentes vías de gestión de los residuos de envases (sin imponer ninguna), señala unos objetivos a alcanzar e identifica a unos responsables de su cumplimiento. Defendemos que sean ellos los que libremente establezcan los mecanismos más eficientes para afrontar dicha responsabilidad”.

Por tanto, en la PES no estamos en contra del SDDR, sino de su imposición obligatoria, que es lo que algunas organizaciones intentan promover en España y en algunas comunidades autónomas en particular. ¿Por qué este tenaz movimiento pro SDDR? Si fuera solo por la eficiencia del modelo, no habría problema, bastaría con convencer a las empresas envasadoras, que en su totalidad componen Ecoembes y Ecovidrio, y que financian el sistema actual de gestión y reciclaje de envases domésticos. Seguro que estarían encantadas de conocer y poner en marcha un sistema que les permitiera cumplir los objetivos de reciclaje de una manera más eficiente. Pero no es así.

La PES ha promovido una serie de proyectos elaborados por la Cátedra Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático de la ESCI International Business de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y la Universidad de Alicante, que muestran la inviabilidad económica y medioambiental de este modelo en España y en aquellas comunidades autónomas donde se ha estudiado (Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares). Unos trabajos que de media nos muestran que para un incremento del 2,4% en la tasa de reciclaje, habría que aumentar el gasto anual en un 177%, lo que supone un incremento extra de 915 millones de euros y un sobre coste por tonelada reciclada del 375%  Además, la inversión en maquinaria ascendería a 430 millones de euros, a lo que cada año habría que añadir un 10% anual de mantenimiento, es decir, 43 millones de euros (Consulta nuestro estudio).

Es en este último punto donde parece estar el nudo gordiano de esta estrategia empresarial. Así lo recogen dos recientes artículos que merece la pena leer, uno en El Economista,  y otro en un influyente periódico escocés, The Sunday Times.

En ambos se expone como la empresa Noruega Tomra apoya económicamente a las organizaciones que en cada país defienden y desarrollan campañas para la puesta en marcha de un SDDR. En España es Retorna y en Escocia The Association for the Protection of Rural Scotland. Por cierto, en el caso español, se trata de una organización creada exclusivamente para este fin, tal como aparece reflejado en su propia web. En todo caso, una relación que ya se hizo pública en 2011 en El País.

Para entender mejor el cada vez más claro interés comercial de estas campañas pro SDDR, solo hay que acudir al informe para inversores que está publicado en la web de Tomra.

Solo como antecedente, el potencial de Tomra es enorme, tal como se muestra en la página 25. Tiene un claro dominio en el mercado, siendo con diferencia la empresa líder entre las seis multinacionales mejor posicionadas. Pero lo más llamativo aparece en la página 32, donde Tomra anuncia como objetivo de mercado la venta de 15.000 máquinas en España para 2018, y 2.000 máquinas en Escocia. Llama la atención esta ambiciosa meta  propuesta a los inversores, cuando en la actualidad en ninguno de los dos países hay SDDR, por tanto no venden estas máquinas; y por otro lado, el mercado  rechaza su iniciativa. Entonces, ¿por qué? Solo puede ser porque piensan que lo que el mercado no les da voluntariamente, van a poder imponerlo legislativamente, tal como de hecho consiguieron en Alemania. Por cierto, un caso paradigmático, donde desde esta imposición en 2003, la tasa de reciclaje de envases en Alemania solo ha crecido un 2,7% y ha supuesto un aumento del gasto anual de un 84%, 793 millones de euros, además de caer la tasa de reutilización de envases (Consulta el resumen ejecutivo de nuestro Estudio Comparativo de los Modelos de Gestión de Envase Domésticos en España, Bélgica, Alemania y Noruega pp.11-12).

El problema no está en Tomra, ya que como empresa han puesto en marcha una estrategia de lobby y comunicación en estos y otros países objetivo, algunos fuera de la Unión Europea, como es el caso de Australia. Para ello tienen acuerdos económicos con estas organizaciones locales que mencionábamos con anterioridad y que le permiten una aproximación al ciudadano y al decisor que en ningún caso conseguirían mediante una acción directa como multinacional.

Promover un sistema como estrategia de crecimiento empresarial es lícito. Quizás no lo sea tanto, o cuanto menos es éticamente reprobable, que las asociaciones locales tiendan una trampa a sus propios asociados, al ciudadano y a los responsables políticos, al intentar convencer de las bondades de un sistema con información sesgada y en muchos casos incorrecta, dando soporte a una estrategia de expansión comercial de una gran multinacional, a cambio de apoyo financiero.

Compartir: