Agentes económios y sociales cuestionan la viabilidad de un SDDR obligatorio en la Comunidad Valenciana

La jornada ‘Viabilidad de un SDDR obligatorio en la Comunitat Valenciana’, celebrada en la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València y organizada por la Plataforma Envase y Sociedad, ha reunido hoy a los principales agentes económicos y sociales implicados en la gestión de envases domésticos. Consumidores, empresas, distribución, pequeño comercio, hostelería y ayuntamientos han tenido ocasión de debatir sobre la posible implantación obligatoria de este modelo.

La Jornada ha sido inaugurada por José Vicente Miró, Subdirector General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático; Antonio Aracil, Director-Gerente de la Fundación ADEIT; y Juan Quintana, Secretario General de la Plataforma Envase y Sociedad. Su clausura estuvo a cargo de Natxo Costa, Director General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Públicos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Visión de los agentes sociales.

La mesa redonda Cuestiones clave para la sociedad ante un SDDR fue moderada por Rafael Mossi, cargo de la Cámara de Comercio de Valencia.

  • En el caso de los consumidores, Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana dejó claro que no se les puede pedir a los consumidores un cambio de hábito en la gestión doméstica de sus envases sin antes pedir su opinión, sabiendo que además va a suponer un encarecimiento en la cesta de la compra y que existen dudas más que razonables, visto lo sucedido en otros países, de que la mejora medioambiental vaya a ser significativa. En este sentido Inglada solicito diálogo y consenso entre todos los agentes implicados para impedir que sea, como siempre, el consumidor el que tenga que acabar pagando todo.
  • En representación de las empresas, Francesc Guitart (Director Financiero de Font Salem, SL) en representación de la Asociación de Aguas y Bebidas Refrescantes de la Comunidad Valenciana, expresó su preocupación por el efecto de contracción de la demanda que este sistema puede provocar, lo que afectaría negativamente al empleo en la Comunidad Valenciana. Asimismo destacó que este sistema muy probablemente supondría un sobrecoste al tener que mantener dos sistemas paralelos, y está por ver que mejore los resultados y, si los mejora, que esta mejora justifica el incremento de recursos públicos destinados.
  • La distribución, a través Pedro Reig Catalá, Director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA), puso sobre la mesa los costes que supondría, al tener que adquirir grandes y costosas máquinas y habilitar espacio para esta gestión en las superficies. Al final todo ello va a repercutir en el consumo y en el consumidor.
  • El pequeño comercio estuvo representado por José Luis Meri, representante de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana (COVACO) y Teresa Luengo, Secretaria General de la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL). Para este importante colectivo, el sistema implica para el sector varios obstáculos, relacionados fundamentalmente con el tamaño del negocio, al tratarse de microempresas y pymes, como es el espacio que se precisa para almacenar los envases vacíos, siendo también un impedimento relevante el personal mínimo del que disponen, que deberá añadir a sus tareas diarias las funciones de recepción, valoración, pago y almacenaje de los envases recibidos, todo ello teniendo en cuenta que además el comercio deberá adelantar el dinero del retorno de los envases al consumidor asumiendo por tanto ese coste.
  • David Izquierdo, Gerente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia destacó la inviabilidad del sistema en el sector turístico y hostelero, principalmente por problemas de seguridad alimentaria, logísticos y de almacenaje, así como de trazabilidad financiera.
  • Manuel Civera, Alcalde de Lliria y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias expuso que este nuevo sistema reduciría el flujo de materiales por el canal actual que gestionan los ayuntamientos, lo que les supondría una pérdida de ingresos sin ninguna contraprestación.
  • Juan Quintana, Secretario General de la Plataforma Envase y Sociedad destacó que se trata de un proyecto inviable desde una perspectiva económica y medioambiental y que quizás por esa razón se quiera implantar de forma obligatoria y no voluntaria. Recordó que de acuerdo con los datos de los proyectos realizados por varias universidades públicas, en la Comunidad Valenciana se multiplicaría por 7 el coste de la gestión de envases, pasando de 5 euros anuales por familia, a 37; y sólo conseguiría aumentar la tasa de reciclaje en algo más del 2,5%

Todos coincidieron en que la implantación sería una decisión sin marcha atrás, y demandan al Govern:

  • mayor información sobre las consecuencias reales que tendría un SDDR para cada uno de los colectivos implicados y para el medioambiente.
  • más implicación en el proceso de los verdaderos protagonistas, con espacios reales de diálogo en los que aportar conocimiento y poder contrastar y ajustar sus estimaciones.
  • frenar la innecesaria urgencia con la que se ha acometido esta iniciativa con el fin de tomar la decisión más adecuada contando con la Sociedad en su conjunto.

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